Es un tanto común confundirlos términos fiscalista, contador, contador fiscalista, abogado fiscal, abogado fiscalista, contable, auditor y otros términos similares, pues tienen un campo de conocimiento en común (la materia fiscal o tributaria).
La materia fiscal o tributaria se refiere, justamente, al área del conocimiento de los impuestos (tributos). No obstante, tal y como sucede en otras áreas del conocimiento, los profesionistas relacionados con dicha materia atienden perspectivas y problemáticas específicas, llegando a traslaparse entre sí.
Un contador público (más conocido como contador) es un profesionista que ejerce la disciplina de la contabilidad o contaduría, que es el proceso de registrar, clasificar y resumir las actividades financieras de una organización; es decir, de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación financiera de una empresa u organización, encaminado a facilitar la toma de decisiones de negocio a partir de la sistematización y registro de la información obtenida de dichas áreas de la empresa. Los contadores públicos tienen conocimientos en derecho, estadística, impuestos, información financiera y auditoría para poder llevar a cabo sus funciones.
En ese sentido, hay contadores que se pueden especializar en finanzas, auditoría (es decir, la revisión de la documentación económica y contable de una empresa para determinar el cumplimiento con la normativa contable vigente, como pueden ser las Normas de Información Financiera o NIFs), gerencia y alta dirección, costos, impuestos internacionales e impuestos (es decir, la correcta determinación del impuesto a pagar, aplicación de beneficios fiscales, atención de requerimientos de las autoridades fiscales, entre muchas otras actividades).
Por otro lado, un abogado fiscalista en un licenciado en derecho especializado en materia jurídico-fiscal. Al ser abogado, el enfoque en su práctica es el ordenamiento jurídico que da lugar a las reglas que determinan las contribuciones, su ámbito de aplicación así como la regulación de la actuación de las autoridades fiscales y el análisis de la legalidad de los actos y determinaciones de dichas autoridades.
De igual forma, los abogados fiscalistas pueden ser consultores así como litigantes, siendo los primeros quienes pueden orientar a sus clientes en cuanto al desarrollo de estrategias legales para optimizar su negocio (en cumplimiento de la normatividad fiscal) así como asesorar y representar a sus clientes frente a actos de las autoridades aduaneras y fiscales que les perjudiquen, llevando a cabo su defensa empleando los medios de defensa contemplados en la legislación aplicable (en el caso de México, el Recurso de Revocación, el Juicio Contencioso Administrativo y el Juicio de Amparo, principalmente).
Desde un punto de vista práctico, hay una línea tenue entre el contador y el abogado fiscalista.
Para ilustrarlo, usemos como ejemplo las devoluciones fiscales:
El contador analiza la documentación consistente en facturas, estados de cuenta bancarios, cuentas por pagar y demás información del contribuyente para determinar si tiene un saldo a favor y, en caso de ser así, lo solicitará al Servicio de Administración Tributaria, autoridad que bien puede autorizar la devolución, o bien puede negarla argumentando razones mediante una resolución que el abogado fiscalista deberá analizar jurídicamente (a la luz de criterios jurisdiccionales y jurisprudenciales que hayan decidido casos similares), diseñar una estrategia legal que proteja al contribuyente y controvierta la resolución ante la propia autoridad o bien ante tribunales a través del litigio.
Al contrario, hay ocasiones cuando el contador se enfrenta a interpretaciones distintas de la ley, lo cual puede impactar en cómo determina las contribuciones a cargo de su cliente. En esos casos, es necesario un abogado fiscalista quien, partiendo de un análisis jurídico sistemático y usando el conocimiento de los ordenamientos legales federales, locales y especiales, puede determinar la interpretación correcta de la ley así como prever aquellos escenarios que puedan impactar negativamente al cliente.
En ese sentido, un buen abogado fiscalista siempre trabajará de la mano del equipo contable de la empresa para conocer la situación de la misma a partir de la mejor información disponible, ofreciendo soluciones apegadas a la ley, tomando en consideración lo que mejor convenga al cliente.
¿Conviene contratar a un abogado que no sea fiscalista?
Si bien ambos profesionistas estudiaron la carrera de Derecho y tienen una formación similar, el abogado fiscalista conoce los procedimientos y criterios que regulan el actuar de las autoridades fiscales y aduaneras así como la argumentación que debe ser realizada en cada medio de defensa que implemente en contra de los actos de tales autoridades.
Por ejemplo, un abogado civilista o mercantilista conocerá cómo llevar a cabo a cabo un juicio ejecutivo mercantil para obtener el pago de una cantidad que se le deba a una empresa, pero no necesariamente conocerá las formalidades, plazos, requisitos, ofrecimiento de pruebas y recursos contemplados en el litigio fiscal, pues recordemos, el litigio fiscal es contra el gobierno como autoridad demandada, mientras que en juicios civiles, familiares, mercantiles y laborales (por mencionar ejemplos), el litigio es en contra de una persona física o moral (es decir, contra una entidad privada).
